La Diputación de León ha presentado el libro ‘De súbditos a ciudadanos’, escrito por Manuel Jesús Álvarez García y prologado por el alcalde de Astorga.
El profesor leonés afincado en Asturias, recoge su investigación sobre el convulso periodo histórico vivido a principios del siglo XIX en el que, por primera vez, como se dice en el título, se cambia el concepto de “súbditos” por el de “ciudadanos”, aunque fuera entonces un cambio de corto recorrido, pues esta aventura duró escasamente un año, como se deduce también del subtítulo de esta obra. Es necesario recordar que la constitución de la primera Diputación Provincial de León fue el 30 de junio de 1813 y su disolución se produjo en mayo de 1814.
Con motivo de la conmemoración en 2012 del 2º Bicentenario de los Sitios de Astorga, Arsenio García Fuertes, alcalde de Astorga, sugirió a Manuel Jesús Álvarez la idea de escribir un libro que plasmara los importantes hechos acontecidos en aquella época en la ciudad, y Manuel aceptó la propuesta y se puso manos a la obra. La Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura, asumió este proyecto de investigación y se encargó de la edición y financiación de este libro, que se divide en tres partes, cada una de las cuales se centra en el estudio de un apartado específico.
La primera parte se dedica a contextualizar el origen de la Diputación Provincial de León y del primer ayuntamiento constitucional de Astorga, examinando para ello la obra de los legisladores en materia local y territorial, que sirve para comprender el contexto jurídico e histórico en el que se crean estas instituciones, dentro del marco legal de la Constitución de Cádiz de 1812, así como las causas por las que, finalmente, se extinguieron tan pronto.
La segunda parte del libro está dedicada a estudiar la constitución de la primera Diputación de León en 1813 y todos los sucesos acaecidos durante su vigencia, hasta que la restitución de la Corona y el regreso a España de Fernando VII puso fin a su existencia, al menos tal y como estaba configurada, siguiendo el modelo local y territorial que la Constitución de 1812 había formulado. La tercera y última parte, refleja todos los aspectos y vicisitudes que se dieron en la constitución del primer ayuntamiento constitucional de Astorga, hasta su disolución en 1814.
A ello se une un Apéndice documental que reproduce los textos legislativos más importantes: la Constitución de 1812, diversos decretos que regulan las divisiones territoriales o las instrucciones para el gobierno de las provincias, o los libros de actas de la Diputación Provincial, etc.
El autor también ofrece en esta obra una rica y extensa bibliografía para que el lector pueda, si lo desea, consultar otras fuentes sobre este tema. Con toda la información que Manuel Jesús Álvarez, en este gran trabajo de investigación, se da la oportunidad de entender las dramáticas y tensas situaciones que se vivieron en aquella época, llena de incertidumbre e inseguridad jurídica, con enormes dificultades económicas. Álvarez, de esta forma, va explicando de un modo riguroso, pero siempre ameno, estas circunstancias, apoyándose en pruebas documentales y exponiendo los hechos de forma cronológica, para facilitar su seguimiento al lector.
“Nos hace conscientes también de las graves dificultades que tuvieron que superar para poner en marcha las diputaciones y ayuntamientos y para intentar que funcionaran de una manera eficiente, dando soluciones a los problemas e intereses de sus ciudadanos, que eran muchos”, apuntó Fernández, quien añadió que “tenemos en este libro una forma de comprender lo que pasó y tratar de extraer conclusiones que nos ayuden a comprender el pasado para mejorar el futuro de unas instituciones, diputaciones y ayuntamientos, que son el referente más cercano para los ciudadanos y las ofrecen un apoyo más inmediato para solucionar los problemas a los que se enfrentan cada día los vecinos”.
Esta obra servirá también para valorar lo que la Constitución de Cádiz de 1812 inició y propició, como fue la entrada de estas instituciones en la modernidad, marcada por la participación ciudadana, la división de poderes, la soberanía nacional, y también por la división territorial de España en provincias, para cuya gestión se crearon las diputaciones provinciales.
