El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, analiza la polémica por la posible prohibición de cazar el lobo al norte del Duero. Defensor del diálogo y la colaboración entre administraciones, advierte de que trabajará por mantener el estado de las cosas hasta llegar a los tribunales
La presencia del lobo en el medio rural y su convivencia con la actividad humana, especialmente la ganadera, ha inspirado desde siempre todo tipo de narraciones, especialmente las de corte didáctico. En este extraño 2021, la tensión dialéctica entre la protección de especies y la economía más local está a punto de entrar en una nueva fase.
Aupado sobre la ola que forma la creciente sensibilidad animalista y conservacionista, el Gobierno central ha anunciado su intención de dar un paso más en el amparo del ‘canis lupus’ y ha puesto en pie de guerra a organizaciones agrarias y a aquellas comunidades autónomas que cuentan con mayor número de manadas.
El último censo de lobos en Castilla y León se realizó en los años 2012 y 2013, en el marco del Censo Nacional, y dio como resultado la detección de 179 manadas, lo que equivale a unos 1.600 ejemplares. Se trata del 60% de todos los lobos de España, señala el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
De esas 179 manadas, 152 estaban al norte y 27 al sur del río Duero. “Por tanto, se puede afirmar que la situación del lobo en Castilla y León es buena, tiene un estado de conservación favorable, y aumenta en cada uno de los censos que se realizan”, recalca.
Especificar así la distribución de poblaciones no es una cuestión baladí, puesto que esa línea (la del río Duero) es la que marcaba hasta ahora el grado de protección. Porque el lobo está protegido en toda la UE por la Directiva Hábitats, que establece dos niveles de protección:
Uno de protección estricta, que es el que afecta a los territorios donde la especie se encuentra en una situación poblacional escasa, con riesgos para su adecuada conservación, y que en España se determinó en 1992: los situados al sur del río Duero.
Otro régimen de protección más laxo, que permite medidas de gestión de las poblaciones (incluida la caza) pero siempre asegurando la conservación, que es el que se aplica hasta la fecha a las poblaciones situadas al norte del Duero.
Para Suárez-Quiñones, “a pesar de que el actual sistema ha funcionado muy bien, y la población del norte del Duero se ha incrementado hasta el punto de estar recolonizando nuevos territorios al sur del Duero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pretende aplicar la protección estricta también a la población del norte”.
La postura del ministerio es favorable a proteger de manera estricta todos los lobos mediante su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el denominado LESPRE, en contra de las comunidades autónomas que gestionan el 98% de los lobos de España: Galicia, Asturias, Cantabria, Madrid y Castilla y León.
Como otros ejecutivos autonómicos, la Junta ha expresado “reiteradamente” su oposición a la inclusión de la especie en ese listado y ha aportado numerosos informes que “demuestran” que el cambio no es necesario. El consejero va incluso más allá y advierte de las “importantes consecuencias negativas” que la medida tendrá sobre la ganadería extensiva y sobre el medio rural en su conjunto. Por eso el político leonés contempla la posición del Gobierno como “estrictamente ideológica, maximalista, haciendo caso al ecologismo más radical, y no basada en los datos reales sobre el estado de la especie”.
¿En qué escenario nos podemos encontrar?
Si se lleva a efecto el actual propósito del ministerio, es indudable que el necesario control de las poblaciones de lobo será mucho más difícil de realizar, “lo que supondrá en algunas comarcas la práctica sentencia de muerte de la ganadería”, apuntan desde el Ejecutivo regional.
De este modo, en muchos pueblos “donde no hay fábricas, no hay oficinas, el turismo es escaso y estacional e, incluso, en las zonas de montaña, casi no hay agricultura, la ganadería es esencial para la propia existencia de esas localidades”. Colateralmente, además, la decadencia de la ganadería extensiva “elevará el riesgo de grandes incendios, al no pastarse el material herbáceo y arbustivo que es el que más fácilmente arde”.
“Personalmente me sorprende que el ministerio, que también se llama ‘para el Reto Demográfico’, no sea sensible a esta grave amenaza”, recalca.
Diálogo con las organizaciones agrarias
Tanto la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como la de Fomento y Medio Ambiente mantienen un diálogo permanente con las organizaciones agrarias. En el caso del departamento dirigido por Suárez-Quiñones, “mantenemos múltiples reuniones a lo largo del año sobre todos los temas en los que existe relación entre las competencias de mi consejería y la actividad agraria: los pastos, los montes, la sanidad animal, la caza, los daños de la fauna silvestre… y por supuesto, la interacción del lobo con la ganadería”. Por eso “puedo decir que el diálogo es fluido y sincero, y que en este tema de la posible inclusión del lobo en el LESPRE nuestra coincidencia es total”.
En esa línea, defiende que lo razonable es trabajar conjuntamente para mejorar cuestiones como las compensaciones por los daños del lobo al ganado “y que sean lo más justas y ágiles que sea posible”. También para poner a disposición de los ganaderos de ayudas suficientes para tomar medidas que prevengan en lo posible los ataques, para conservar, si cabe, aún mejor la especie…”.
Más ‘sentido común’ que política
“Las comunidades autónomas que tenemos lobos, y que los hemos conservado e incrementado, mantenemos una postura común a pesar de pertenecer a diferentes partidos políticos, lo que es la mejor prueba de que no nos mueven intereses partidistas ni ideológicos, sino el sentido común”, apunta Suárez-Quiñones. Un ‘sentido común’ que aconseja no cambiar “lo que se ha demostrado que funciona, que es conciliar la conservación de la biodiversidad con la conservación, también, de una actividad tan imprescindible para la vida de nuestros pueblos como es la ganadería extensiva”.
A pesar de todo lo dicho hasta aquí, “seguimos trabajando para que se retome el diálogo y se alcance un acuerdo entre todos para que la inclusión en el LESPRE no se consume. En ello, el ministerio siempre nos tendrá dispuestos a colaborar. Pero no en caminar en sentido contrario a la solución”, avisa.
“Seguiremos ofreciendo diálogo, consenso, datos, realidades… confiando en que la fuerza de los hechos acabe prevaleciendo”. De otro modo, “de aprobarse la medida, las comunidades autónomas afectadas acudiremos a los mecanismos legales a nuestro alcance para que los tribunales de justicia anulen una medida claramente innecesaria e injustificada”, remacha.
Texto: Ricardo Ortega
