El pasado mes de enero Amnistía Internacional presentó un informe en el que se recogían algunos de los fallos y de las situaciones que se deberían haber evitado durante la primera ola de la pandemia en las residencias de personas mayores. Con el objetivo de evitar volver a cometer los mismos errores y de respetar los derechos de estos ciudadanos, que se han visto vulnerados en demasiadas ocasiones, se han realizado recomendaciones dirigidas a los gobiernos para abordar la situación en las residencias. Estas recomendaciones también sirven para el caso de Castilla y León, dónde Amnistía Internacional Castilla y León ha adaptado el informe a las situaciones específicas de la comunidad.
A fecha 20 de diciembre de 2020, casi 50.000 personas habían fallecido por COVID-19 en España, según datos del Ministerio de Sanidad, 7.743 de ellas en Castilla y León. De las muertes producidas en nuestra comunidad autónoma, y
según datos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el 96,9% eran mayores de 60 años y hasta un 47% vivían en residencias.
De acuerdo con la investigación realizada por Amnistía Internacional, en general, las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19 han sido inadecuadas y han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias; en concreto, el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación. No solo eso, sino que las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho de las personas residentes a la vida privada y familia.
Aunque la campaña de vacunación en residencias ya se haya llevado a cabo, no hay que olvidar la situación de vulnerabilidad de las personas mayores, muchas veces aquejadas de otras patologías, que revela la necesidad de que las autoridades continúen adoptando medidas de prevención, detección, control y vigilancia de la COVID-19, a fin de garantizar el acceso de los residentes a una atención sanitaria adecuada y sin sufrir discriminación.
Por tanto, en base a lo recogido en dicho informe y con el objetivo de superar circunstancias que se han repetido desde
la primera ola, desde Amnistía Internacional Castilla y León hemos realizado una serie de recomendaciones para el gobierno de la Junta de Castilla y León, para desarrollar tanto de forma inmediata como a largo plazo:
● Asegurar que las decisiones médicas se basen siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible.
● Garantizar la disponibilidad de pruebas de detección regulares (PCR) y de medios de protección individual a quienes visitan las residencias, así como al personal y a la población residente.
● Garantizar que el régimen de las visitas a residencias considere prioritario el interés superior de las personas mayores residentes en el centro, dote de los recursos humanos y materiales suficientes y asegure que las restricciones se Por los derechos humanos en todo el mundo Premio Nobel de la Paz 1977. Declarada de utilidad pública (Acuerdo Consejo de Ministros 31 julio 1981) basan en evaluaciones de riesgos individualizadas, teniendo presentes todas las medidas posibles para mitigar los riesgos.
● Impulsar la creación de un mecanismo adecuado para evaluar la capacidad de las residencias para llevar a cabo una prevención y control adecuados de la infección, incluyendo su capacidad para aislar de forma adecuada a residentes, de ser necesario, y para limitar el movimiento del personal entre residencias, y proporcionar atención adecuada a residentes con COVID-19 y otros residentes.
● La representación y participación adecuadas de las personas mayores en el sector de servicios sociales, dependencia, salud y residencias en la planificación y procesos de toma de decisiones relacionadas con asuntos que les afectan.
● Desarrollar políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud, realizando para ello consultas con la sociedad civil, familiares y residentes.
● Garantizar el derecho a la salud, que incluye acceso total e igualitario para todas las personas mayores de las residencias a los servicios del sistema de salud y, en concreto, tomar medidas contra cualquier incidente de discriminación contra las personas mayores en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas.
● Recoger y proporcionar datos sobre las personas mayores en residencias con un análisis de género, edad y discapacidad de los mismos. Estos datos deben ser utilizados para desarrollar las políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud.
● Revisar el sistema de inspecciones de centros residenciales de personas mayores, para asegurar que la actuación inspectora se lleva a cabo de manera efectiva para velar por el respeto de los derechos de las personas residentes.
● Dar cumplimiento de manera efectiva a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.
● Asegurar que las residencias estén facultadas para desarrollar protocolos de visitas que respeten y cumplan con los derechos humanos de las personas mayores residentes y que les dan voz y agencia, a sus familias y/o sus tutores legales, y que se garantice la seguridad de los residentes, visitantes y personal.
Ninguna emergencia sanitaria justifica ni la violación de derechos humanos ni el abandono que sufrieron las personas mayores en residencias. Las medidas tomadas durante la primera ola fueron ineficaces e inadecuadas.
No podemos permitir que se vulneren los derechos de las personas mayores, no podemos dejarlos solos y solas. Por eso, desde Amnistía Internacional tenemos en marcha una petición que se enviará a las consejerías de sanidad y de asuntos sociales de las comunidades autónomas.
